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Justicia

En Mendoza procesan a un juez federal por sacar un «crédito trucho» en el Banco Nación

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El juez Walter Bento y su esposa están acusados por haber obtenido un crédito para vivienda única del Banco Nación cuando poseían al menos tres inmuebles en algunas de las zonas más exclusivas de Mendoza. Hasta ahora, venían zafando, pero la Cámara Federal de apelaciones los complicó.

El 7 de octubre de 2011, Bento y su esposa Marta Isabel Boiza obtuvieron un crédito en el Banco de la Nación Argentina por trescientos cincuenta mil pesos y en condiciones muy favorables, ya que esa línea de financiamiento estaba destinada a «la adquisición de una vivienda tipo familiar única, de uso propio y permanente”.

En esa época, el juez federal y su pareja ya poseían al menos tres inmuebles en algunas de las zonas más coquetas de Mendoza. Ahora, la Cámara Federal de apelaciones rechazó un sobreseimiento previo sobre este punto, y Bento deberá dar explicaciones sobre cómo accedió a beneficios que son inalcanzables para los ciudadanos comunes.

El delito, tipificado como «falsedad ideológica», estaría dado porque Bento y Boiza habrían hecho insertar en el documento de crédito datos falsos y porque, además, no destinaron el dinero para el fin declarado sino para comprar un departamento en el barrio privado Palmares (Godoy Cruz), propiedad que finalmente donaron a uno de sus hijos en 2018.

Los jueces consideraron que, por lo que se ve prima facie, tanto Bento como Boiza hicieron insertar datos falsos en el documento de crédito. El argumento de los acusados es que en aquel momento ellos solicitaron que se hiciera una «excepción», teniendo en cuenta que Bento era juez federal, propuesta que fue atendida por la Gerencia General del banco.

Así se les dio el dinero. Sin embargo, la Cámara reveló que, de acuerdo a las pruebas, lo concreto es que tanto el magistrado como su compañera hicieron insertar datos falsos en el documento.

Por otro lado, la Cámara estimó que la resolución administrativa a favor de Bento que redactaron los gerentes generales ni siquiera se mencionaba en la escritura del crédito, lo que hace que su valor sea cuestionable. En base a eso, se infiere que los sindicados -uno es juez y la otra es empleada judicial- conocían que se trataba de un movimiento irregular y no obstante continuaron.

Una rara omisión
Al affaire del crédito se le suma la venta de una propiedad en abril de 2021, cuando Boizacon la aprobación de Bento- se desprendió por 140 mil dólares de un departamento en la calle España 948 (Mendoza). En aquella ocasión, no puntualizó que ella y su esposo se encontraban dentro de la categoría de «personas expuestas políticamente», lo que habría alejado la operación de la mirada de organismos de control como la Unidad de Información Financiera (UIF).

De hecho, en otras compras -como cuando adquirieron vehículos de alta gama- ellos sí manifestaron ser personas expuestas políticamente, tal como requiere la Ley para los magistrados y sus cónyuges. Esta vez no.

La Cámara valoró que para esa fecha Bento ya sabía acerca de la investigación que se llevaba a cabo por presuntas coimas en la Justicia Federal, con posibles acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De hecho, él mismo se encargó de solicitar información vinculada a la causa para saber si la pesquisa lo salpicaba ¿Pretendía ocultar sus operaciones?

En función de lo anterior, y en sintonía con la investigación que lleva adelante el fiscal Dante Vega, la Cámara resolvió revocar el sobreseimiento que habían conseguido sobre estos asuntos Bento y Boiza. Y lo que es más, ordenó el procesamiento por falsedad ideológica en los dos hechos: el crédito tomado en el Nación y la venta del departamento.

El fallo, firmado por Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Alfredo Rafael Porras -jueces de Cámara- y por Fernando Freddi, secretario federal; será comunicado al Consejo de la Magistratura. Esta última entidad viene postergando la quita de fueros del juez Bento, lo que le ha permitido al acusado seguir administrando justicia y ser la máxima autoridad electoral de Mendoza.

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