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El gobierno va por la cabeza de Sbdar y Posse, y Falú por la bici de Irene Benito

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Por Anselmo Chocobar

Ya no se oculta nada: el oficialismo provincial está decidido a eliminar cualquier disidencia. El viernes comenzó la embestida final contra los últimos «??no adictos»? de la Corte Suprema, y en esa operación, aprovecharon también para doblegar a uno de los pocos periodistas tucumanos que no se arrodillaron frente a la billetera oficial.

Dos pedidos de juicio político entraron el día viernes en la Legislatura de Tucumán, ambos con un común denominador: la periodista y abogada, encargada de la sección judicial de La Gaceta, Irene Benito. Por un lado, el operador jaldista Alfredo Falú quien realizó una nueva presentación contra el vapuleado ex camarista Enrique Pedicone, aunque esta vez por haber favorecido a la comunicadora en la causa contra la Sociedad Anónima Factor, de la que (según Falú) Benito es accionista.

Por otro lado, ese mismo día, ingresó un pedido de juicio político contra la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Sbdar, y el vocal Daniel Posse. Este requerimiento fue presentado por Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita por «por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo», en el juicio que Giselle Susana Courtade impulsa contra la Provincia de Tucumán por la prescripción adquisitva de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle. Curiosamente, Courtade es la madre de Benito.

El Factor Benito y el gran complot opositor

Según Falú, Factor SA «sería una empresa familiar de padres e hijos» e Irene Benito, es al mismo tiempo «quien se encarga de la cobertura de las noticias relacionadas al mundo judicial local del principal medio periodístico de Tucumán, La Gaceta SA». Sin mayores vueltas, el abogado relacionó esa causa con la que él mismo (Falú) inició en el Colegio de Abogados de Tucumán, contra la comunicadora y el entonces titular de la Asociación Magistrada, Francisco García Posse.

En esa presentación, que aún no tiene dictamen en el Colegio de Abogados, Falú asegura que «los hechos parecen demostrar» (sic) que la citada periodista «integraría un grupo con varios otros participantes en el que, por dinero, intercambio de favores, cuestiones personales u otros motivos a determinar, ésta tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo y en perjuicio de quienes ellos (los integrantes de este grupo) entienden que se interponen a sus intereses».
Según Falú, las víctimas de esta suerte de complot anti oficialista son «??la mayoría de integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa y de aquellos que tengan o hayan tenido alguna relación con el Gobierno de Tucumán, del que dicho grupo es opositor».

En otra parte de la presentación, Falú considera que Pedicone «??favoreció a la familia de su aliada»? Irene Benito «??el marco del intercambio de favores». «No sorprende que unos meses después G. Irene Benito participe de un descomunal despliegue periodístico por una insólita (sic) denuncia del Dr. Pedicone en contra del Dr. D. Leiva en base a unas supuestas grabaciones clandestinas e ilegales, y por una inverosímil denuncia de acoso sexual en contra del Dr. D. Estofán»?, agrega el letrado.
Es decir, Edmundo «??Pirincho»? Jiménez, Washington Navarro Dávila, Daniel Leiva y Antonio Estofán, además de todo el oficialismo provincial, serían los perseguidos por este poderoso grupo con oscuros intereses, que tiene en Benito a uno de sus máximos referentes intelectuales y ejecutivos.

Párrafo aparte merece la personal opinión de Falú, que identifica a todos esos jueces y funcionarios judiciales con el oficialismo gobernante, quienes en teoría deberían ser y parecer independientes.

Un conflicto ancestral

También de repente, en este Tucumán donde el denunciante es acusado y el cartero desestabilizador, no parece descabellado que las postergadas comunidades originarias súbitamente se sientan empoderadas y reclamen la cabeza de dos de los máximos jueces de la provincia.Aunque la comunidad diaguita fue históricamente víctima de estos abusos institucionales contra sus derechos ancestrales, lograron la bendita coincidencia de que la causa por la que decidieron reclamar, la que favoreció a la de la madre de Irene Benito, coincide con los intereses de quienes hoy por fin pretenden terminar con la persecución de la prensa a los altos defensores de la Justicia, como son Leiva, Estofán, «??Pirincho»? Jiménez y Navarro Dávila.

El bici-abuso

Las embestidas de Falú contra Irene Benito no son nuevas, pero de ninguna forma podrían relacionarse los antiguos conflicto con lo que ahora es un escándalo institucional. Que el letrado haya denunciado el tratamiento periodístico que hizo la comunicadora al caso de Rossana Teves, en el cual el letrado fue el mayor acusado por la mujer, no es necesariamente un antecedente que pueda ser utilizado en defensa de Benito.

Tampoco lo es la acusación contra la periodista en el Colegio de Abogados por «??supuestamente- haber cobrado por un libro que «??también supuestamente- nunca se publicó. Y si estos dos temas no pueden utilizarse tampoco sería «??jurisprudencia aplicable al caso»? la arbitraria y egoísta decisión de la periodista de estacionar su bicicleta en el hall del Colegio de Abogados, con el consecuente perjuicio a Falú, quien indignado exigió explicaciones a través de una nota al entonces presidente de la institución, Marcelo Billone.

Días después de ver el vehículo de la casi millenial periodista, Falú reclamó a Billone: «??Solicito que se me informe si (Benito) sigue dejando la bicicleta en ese lugar o en otro lugar del Colegio de Abogados de Tucumán y si abona ese servicio por el cual podríamos contraer responsabilidades en caso de robo»?. Las inminentes elecciones y la derrota del entonces oficialismo letrado dejaron a Falú sin respuesta a su reclamo del 2 de noviembre de 2020.

Pero ya estamos en 2021 y los ánimos son otros. Dejamos atrás el Annus Horribilis y este nuevo período llenó de esperanzas al oficialismo de lograr por fin la derrota a los desestabilizadores. El jury a Pedicone es un indicio de que en este período todo será más fácil: el principal testigo del juez no se presentó con una insólita excusa, pero que para los jueces fue suficiente; y las evidentes contradicciones entre los otros dos no fue relevante para los encargados de la sentencia. Tampoco fue necesario la participación del Vocal Daniel Posse en el proceso ya que la legislatura «??no cuenta»? con la tecnología necesaria para que pueda, siquiera, ver y escuchar los acontecimientos de las audiencias.

Así, en una provincia en que la prioridad es analizar si un juez confundió su período de feria, y no si un audio que compromete a la máxima figura de la Justicia y al vicegobernador, es auténtico; donde la compra de un tercer avión oficial es más importante que la inseguridad o el pago a los médicos, no sería extraño que finalmente caigan los últimos dos jueces independientes de la Corte. Tampoco sería raro, por los vientos que soplan, que pronto veamos secuestrada la bicicleta de la periodista mal estacionada.

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