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«Las víctimas ahora tienen derecho a asistencia psicológica, económica y legal», dijo María Luján Rey en Tucumán

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Los nuevos derechos y garantías de las personas que sufrieron un delito fueron el eje de la disertación que brindaron dos miembros del Observatorio de Víctimas de Delitos en Tucumán. Se trata de María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, fallecido en la tragedia de Once y Matías Bagnato, víctima de la masacre de Flores (en 1994 un hombre incendió su casa y mató a toda su familia).

Rey y Bagnato fueron los invitados especiales de la disertación «Hacia un Nuevo Paradigma de la víctima», que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Los expositores enumeraron los derechos amparados por la Ley 27.372, sancionada en julio de 2017, que otorga una serie de garantías a personas que sufrieron delitos y a sus familiares, en caso de que las víctimas hayan fallecido.  A su vez, aclararon que es una ley nacional y que no es necesario que las provincias adhieran, puesto que ya tiene plena vigencia en todo el país.

María Luján Rey relató su experiencia durante el choque del tren en la estación de Once, en Buenos Aires, que acabó con la vida de su hijo. Contó además que los familiares de las víctimas no tuvieron ningún tipo de contención psicológica, económica ni legal por parte del Estado, y que la atención médica a las víctimas se limitó al momento de sacarlas del tren y brindarles la asistencia inmediata.

Luego de aquel episodio, los familiares comenzaron un largo y tortuoso camino en busca de justicia. Ese caminó derivó en los recientes juicios contra los responsables de la tragedia. Allí, la activista descubrió la necesidad de que las familias se encuentren amparadas por una legislación especial. La mujer resaltó que hace poco tiempo dos de los sobrevivientes de la tragedia se quitaron la vida. Además, contó que una cuarentena de padres de víctimas de la tragedia de Cromañón fallecieron como consecuencia de la degradación de su calidad de vida, producto de la falta de contención del Estado y de la lentitud de la justicia para juzgar a los responsables.

La Ley 27.372 contempla que las víctimas tengan un abogado de manera gratuita para poder querellar y consultar el estado de la causa en todas sus instancias, además de brindarle atención médica y apoyo psicológico tanto a víctimas como a sus familiares.

Matías Bagnato opinó respecto a esta ley: «es terrible que un familiar de víctima despensa de una cámara de televisión para obtener justicia. Nosotros peleamos por esta ley para que cuando a algún ciudadano le toque estar de este lado tenga todas esas herramientas que nosotros no tuvimos». El caso de Bagnato es paradigmático: Fructuoso Álvarez González ingresó a su casa, la prendió fuego y quemó vivos a sus padres y hermanos.Unos años después del juicio oral, donde había recibido una condena a prisión perpetua, recibió un llamado telefónico del propio González, donde lo amenazaba con quemarlo vivo al igual que su familia. Tras investigar el origen de ese llamado, Bagnato descubrió, a través de una cámara de televisión, que el asesino de su familia estaba en libertad.

«Ahora, esta ley dice que la justicia debe informar y escuchar a la víctima antes de tomar cualquier tipo de medida favorable al victimario», finalizó.

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