Esta tarde, el Senado rechazó por una amplia mayoría el decreto de necesidad y urgencia 70/23, el cual buscaba desregular la economía. Este rechazo no solo supone un duro golpe para el gobierno de Javier Milei, sino que también ha exacerbado la crisis entre el jefe del Estado y Victoria Villarruel, como consecuencia de la decisión de la vicepresidenta de permitir que el DNU fuera discutido en el recinto de la Cámara alta.
El decreto fue rechazado con 42 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Además del kirchnerismo, que contó con la totalidad de sus 33 senadores, se sumaron los votos en contra de los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, afín al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO). También se destacan los votos en contra de los senadores provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); así como los peronistas del bloque Unidad Federal, Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
El polémico decreto dividió opiniones dentro de los dos principales conglomerados de Juntos por el Cambio. Mientras que los senadores de la UCR se dividieron entre las tres opciones posibles (a favor, en contra y abstención), el PRO mantuvo una postura unificada votando a favor.
A pesar del fuerte impacto político que representa el pronunciamiento del Senado contra la administración Milei, el DNU se mantiene vigente. De acuerdo con la ley de Trámite Legislativo, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se requiere el rechazo de ambas cámaras legislativas.
La atención ahora se centra en la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Martín Menem (La Rioja), que tendrá la última palabra respecto a la vigencia del DNU. Este decreto, compuesto por 366 artículos, se encuentra impugnado ante la Justicia y fue una de las primeras grandes medidas tomadas por Javier Milei el 21 de diciembre pasado.
El amplio rechazo que el DNU cosechaba en el Senado no era sorpresivo. De hecho, fue gracias a la política de negociación de Villarruel con la oposición dialoguista que se logró demorar su tratamiento en el recinto por más de un mes y medio.
El kirchnerismo presentó el primer pedido de sesión especial para rechazarlo en la última semana de enero, los cuales fueron ignorados por Villarruel. Dos semanas atrás, un grupo heterogéneo de nueve senadores de diferentes bloques aumentó la presión al también exigir su debate en el recinto. Esta fue la señal que indicó a la vicepresidenta que no había margen para más dilaciones, ya que eran 42 los legisladores que demandaban discutir el DNU.