En un hecho histórico, diversas organizaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia presentaron una denuncia conjunta ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra el gigante agroindustrial Bayer. La queja apunta a los graves daños ambientales y violaciones a los derechos humanos generados por las actividades de la empresa en la producción y distribución de semillas de soja transgénica y pesticidas a base de glifosato en la región del Cono Sur.
La denuncia, impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, la brasileña Terra de Direitos, BASE-IS de Paraguay y la Fundación TIERRA de Bolivia, junto a las ONG alemanas Misereor y ECCHR, relata una serie de casos concretos que evidencian el impacto devastador del modelo agroindustrial impulsado por Bayer en la calidad del ambiente y la vida de las comunidades afectadas.
Intoxicaciones, muertes y expulsión de comunidades
Entre los casos presentados se encuentra el de Sabrina Ortiz, una mujer del barrio Villa Alicia en Pergamino, Argentina, quien sufrió un embarazo interrumpido y dos accidentes cerebrovasculares a causa de las fumigaciones con agrotóxicos en campos de soja vecinos a su vivienda. Ella y sus hijos aún presentan restos de glifosato en sus cuerpos.
En Paraguay, se denunció la muerte por intoxicación de Rubén Portillo, un joven campesino de 26 años, y las graves afectaciones a la salud de una veintena de personas en la Colonia Yerutí Ñu, debido a la negligencia de empresas productoras de soja que lavaban sus equipos en un arroyo comunitario.
Asimismo, en Brasil, la investigadora Larissa Bombardi documentó 3.723 casos de intoxicaciones por agroquímicos entre 2007 y 2014, con un impacto desproporcionado en las comunidades indígenas. Por su parte, en Bolivia, la Fundación TIERRA señaló que la expansión del monocultivo de soja ha provocado la deforestación de al menos 2,6 millones de hectáreas de bosques primarios desde 2011.
Incumplimiento de estándares internacionales
La denuncia acusa a Bayer de no cumplir con los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos, establecidos en los Principios Rectores de la ONU y las directrices de la propia OCDE. Estos marcos normativos obligan a las empresas a respetar el derecho a un ambiente sano y asegurar que sus actividades no generen impactos negativos.
Sin embargo, según el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), las grandes corporaciones agrícolas, entre ellas Bayer, «están maximizando sus beneficios económicos a costa de las poblaciones del Cono Sur y de la naturaleza».
Exigencias de reparación y debida diligencia
Las organizaciones demandantes exigen que Bayer acepte una mediación para abordar sus políticas de debida diligencia y obligaciones extraterritoriales, con el objetivo de asegurar un desarrollo sostenible en la región. Asimismo, se reclama que la empresa rinda cuentas por los daños ocasionados y repare a las víctimas.
Lamentablemente, los casos presentados evidencian una situación de impunidad y falta de reparación para las comunidades afectadas. Tal es el caso de la Colonia Yerutí Ñu en Paraguay, donde pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado paraguayo, las víctimas aún no han recibido ninguna forma de resarcimiento.
Con esta denuncia histórica ante la OCDE, las organizaciones buscan visibilizar a nivel internacional la responsabilidad de Bayer en los graves impactos ambientales y violaciones a los derechos humanos que genera su modelo de negocios en el Cono Sur, y exigir que la empresa asuma las consecuencias de sus acciones.