El fiscal Carlos Stornelli imputó a Juan Grabois, dirigente social y exprecandidato a presidente; a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti; al expresidente del BICE Fideicomisos, Jorge Tanús; y a Fernanda Ramona Miño, después de una auditoría realizada por el Gobierno de Javier Milei.
La auditoría reveló irregularidades en la gestión de fondos millonarios del Fondo de Integración Social Urbano de un plan de viviendas durante el período 2020-2023.
En el dictamen presentado por Carlos Stornelli al juez Sebastián Ramos, el fiscal argumenta que «se está investigando la presunta administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023».
La denuncia también detalla que los fondos de este fideicomiso estarían en manos de la Unidad Administrativa del Estado, a cargo de los mendocinos Fernández Sagasti y Tanús, y de la exsecretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Ramona Miño, quien forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois.
El dictamen señala que Juan Grabois habría tenido participación activa en la gestión y distribución de los fondos otorgados por el Gobierno de Alberto Fernández.
