El ministro de Economía, Daniel Abad, explicó que la creación del Instituto para el Crecimiento y Fomento del Limón (IFL) es una iniciativa solicitada por la Acnoa, que agrupa a citricultores de Tucumán y Salta, con el objetivo de abordar el problema de superproducción que ha afectado al sector citrícola desde 2017.
Pablo Padilla, presidente de Acnoa, detalló en una entrevista al medio LV12 en qué consiste el proyecto para establecer el Instituto de Fomento del Limón. «En Acnoa, la crisis está profundizando las diferencias internas, lo que dificulta la resolución inteligente de la situación. Durante los últimos tres años, no hemos logrado alcanzar acuerdos necesarios para el funcionamiento adecuado de todos los componentes de la actividad, desde los más pequeños hasta los más grandes», expresó al inicio de la entrevista.
Padilla señaló que la crisis se debe al exceso de derivados en el mercado y que se han estado trabajando en el desarrollo de nuevos subproductos para reducir este excedente que presiona a la baja los precios y afecta la rentabilidad. También mencionó las diferencias en la participación en un acuerdo de suspensión antidumping en los Estados Unidos, lo que pone en riesgo el mercado americano para el jugo de limón.
Ante esta situación, el gobernador ha propuesto la creación de un marco legal para resolver los problemas del sector, no considerándolo como una intervención. Se trata de una convocatoria para formar parte del instituto y se sugieren algunos mecanismos para lograr mejoras.
Padilla resaltó la positiva comunicación con el Gobierno «La provincia ha mantenido un diálogo constructivo y siempre hemos trabajado de manera coordinada. Siempre que hemos enfrentado algún problema, el Gobierno ha estado a nuestro lado», afirmó el empresario.
Reconoció que hay temas en los que es beneficioso que el Gobierno participe, y otros en los que no. También destacó que algunos actores respaldan la decisión del gobernador de promulgar esta ley. Finalmente, explicó que la propuesta contempla un directorio compuesto por ocho personas, de las cuales seis provienen del sector privado. «Esto nos brinda un marco legal para lograr los acuerdos que hasta ahora no hemos podido alcanzar», concluyó.
