Como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para fomentar la producción y el comercio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) introdujo cambios significativos en la regulación de la cadena de comercialización de la yerba mate. A través de la Resolución General 5555/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, la AFIP derogó un conjunto de normativas que databan de 1998 y que imponían obligaciones documentales para el traslado e industrialización de este cultivo.
El objetivo central de esta medida es alinear la normativa de la AFIP con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que introdujo una modernización en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Según el comunicado oficial, la intención del gobierno es «agilizar las gestiones necesarias para la actividad y así reducir costos innecesarios de los distintos eslabones que conforman esa cadena». Esta derogación normativa se inscribe en un esfuerzo más amplio de simplificación administrativa que busca disminuir la carga burocrática y los costos para los sectores productivos.
Una de las principales modificaciones que introduce la Resolución General 5555/2024 es la eliminación de la obligatoriedad de emitir la «Hoja de ruta yerbatera», un comprobante que hasta ahora era indispensable para el transporte y la industrialización de la yerba mate. Este documento había sido un requisito central para los productores y comerciantes de yerba mate, quienes debían emitirlo y mantenerlo al día como parte de un sistema de control que data de hace más de dos décadas.
Además, la resolución suprime la obligación de los molinos, secaderos y depósitos de yerba mate de registrar de manera obligatoria los ingresos, egresos y existencias de este producto en el «Libro de Movimientos y Existencias». Este libro era otra herramienta de control impuesta a la cadena productiva, que ahora se eliminó en favor de una mayor flexibilidad operativa. La eliminación de estos registros, según la AFIP, responde a la necesidad de «adecuar la normativa vigente a las nuevas realidades productivas y comerciales del sector».
El proceso de simplificación administrativa en la cadena de la yerba mate fue explicado como parte de un esfuerzo más amplio por parte de la AFIP para revisar y ajustar los diferentes registros, comprobantes, obligaciones y regímenes de información que fueron implementados en gestiones anteriores. El comunicado de la AFIP destaca que esta revisión busca identificar y eliminar aquellos elementos que «pudieran obstaculizar la agilización de los procesos, interferir en el comercio o incrementar los costos». Este enfoque se enmarca en un contexto de creciente presión para mejorar la competitividad de los productos argentinos en los mercados nacionales e internacionales, y para aliviar la carga sobre los pequeños y medianos productores.
La medida también se inscribe en una tendencia más amplia del gobierno de implementar políticas de desregulación en diversos sectores productivos. En este sentido, la AFIP tomó recientemente otras decisiones que buscan simplificar la vida de los contribuyentes y reducir la carga burocrática en distintos sectores. Entre estas medidas, se incluye la eliminación de la obligación de registrar los contratos de alquiler ante la AFIP, excepto en los casos en que sea necesario para acceder a beneficios fiscales. Este cambio, según el organismo, busca reducir las cargas administrativas innecesarias y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en un contexto de creciente demanda de alquileres.
Otra medida de simplificación reciente fue la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), un tributo que gravaba las operaciones de compra-venta de inmuebles. La derogación de este impuesto se implementó con el objetivo de «fomentar la actividad inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda propia». En el mismo orden, la AFIP también eliminó la necesidad de emitir el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), un documento que debía generarse en cada operación de venta de un vehículo. Esta medida pretende facilitar la compraventa de automóviles, reduciendo el tiempo y los costos asociados a estas transacciones.
La simplificación administrativa también alcanzó al sector agropecuario, donde la AFIP redujo de cinco a dos el número de declaraciones juradas que deben presentar los establecimientos rurales con el resultado de la producción de la cosecha. Esta medida, según la AFIP, busca «reducir la carga burocrática sobre los productores rurales y agilizar los procesos de comercialización de la producción agrícola». Este tipo de acciones se enmarcan en un esfuerzo más amplio del gobierno para fomentar la producción agrícola y mejorar la competitividad del sector en un mercado global cada vez más exigente.
