Allí el líder de la Asociación Civil Polo Obrero escuchó con atención la imputación formal que le hizo el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, los que lo acusan de haber financiado al Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda, con plata que el Estado le había dado como unidad de gestión del Potenciar Trabajo y de lo recaudado a través de las extorsiones y amenazas a beneficiarios de ese programa social.
Respecto de la defraudación millonaria al Estado, la Justicia recolectó pruebas que indican que el Polo Obrero desvió al menos $40 millones de los $360.000.000 que recibió hacia una serie de empresas investigadas por hacer facturas truchas que se utilizaron para justificar gastos inexistentes y ocultar el destino final de la plata.
Los investigadores creen que esa plata fue a parar, en gran medida, al Partido Obrero, el brazo electoral del espacio, a través de una maniobra que involucró a seis empresas que luego libraban cheques en favor de la imprenta del Polo Obrero que luego hacía aportes electorales al PO o contrataba empresas de publicidad para este espacio de cara a las elecciones.
Las empresas en la mira son:
- Imprenta Rumbos: recibió al menos $20.000.000 del Polo Obrero. Esta firma luego hizo aportes electoral al Partido Obrero por $18 millones. Esta imprenta fue fundada en 2017 por Christian “Colo” Rath (histórico dirigente de la organización ya fallecido) y Roberto Adrián Albornoz. Rumbos -además- contrató a la empresa Makosen, dedicada a la publicidad, para que haga campaña política para el Partido Obrero.
- Coxtex: recibió otros $3 millones. El Polo Obrero la contrató en 2021 pero en noviembre de 2020 fue declarada por la AFIP como apócrifa. Sus fundadores, Mariana Vega y Luis Pichuaga, no se conocen entre sí y las pruebas indican que les pagaron $40.000 para ir a crear la empresa. El PO dice haberle comprado computadoras y softwares.
- Urban Graphics S.A. y Rico Print: ambas compañías hicieron facturas al PO por $10.000.000. Tras cobrar el dinero, la primera le endosó un cheque a Rumbos por $1,8 millones (de un total de $5,1 millones) y la segunda otro cheque por $269 mil. Para los investigadores el PO creó un sistema a través del que la plata del estado siempre volvía a su imprenta.
- Carlos Osvaldo Monfrini: $1,4 millones a este proveedor de handies, que luego de cobrar el dinero le endosó un cheque a Rumbos.
- Miniso Trade SRL: $3 millones a una empresa que para los investigadores podría ser trucha. Se fundó en 2017, pero su primera factura se emitió en junio de 2022 al Polo Obrero. Ese año, en 2022, el Polo Obrero le había comprado computadoras a otra firma, que incluso se las vendía más baratas. ¿Por qué entonces decidió hacer esta compra? La compañía no tiene domicilio y hay un misterioso chino detrás de esta firma.
Belliboni negó ante la Justicia haber extorsionado a beneficiarios de planes y rechazó desvíos de fondos del Potenciar Trabajo.
Todos estos giros de plata se hicieron con dinero que el Estado Nacional le transfirió al Polo Obrero en su condición de unidad de gestión. Belliboni rechaza con fuerza la línea de investigación de las facturas truchas. “Hablamos sobre las facturas, la AFIP nos dijo en 2002 que Coxtex era una empresa legal, tengo lo que le compramos, en todo caso el problema lo tiene la AFIP, que no controló bien a esa empresa. A los titulares de Coxtex no los conozco, si tenía titulares truchos lo tendría que haber determinado la AFIP, yo no soy la AFIP”, le dijo a TN tras su declaración.
Pero además, la Justicia recolectó prueba que indica que la plata que los dirigentes del Polo Obrero le sacaban a los beneficiarios del Potenciar Trabajo no era solo para sostener la estructura del comedor al que pertenecían, sino que una parte se destinaba al Partido Obrero. Se trata de las famosas cápitas, que en algunos casos rondaban los $2000, pero en otros llegaban hasta los $5000 mensuales. Se cree que la plata fue a parar a una cooperativa denominada El Resplandor Limitado.
Este medio pudo saber que el dirigente hizo una extensa presentación, pero luego se negó a responder preguntas. En su declaración, negó que desde su organización se hayan llevado adelante extorsiones, amenazas o aprietes a beneficiarios de programas sociales, sostuvo que en caso de haberse producido pagos fueron voluntarios y afirmó que se rindieron “casi en su totalidad” los $360 millones que el Estado le envió. Incluso prometió acercar un escrito con el que dará sus argumentos sobre por qué las facturas presentadas no son truchas.
Lo cierto es que más allá de los dichos y pruebas de Belliboni, la Justicia acumula elementos para creer que el Polo Obrero usó los fondos del Estado para financiar campañas del Partido Obrero.
