En un giro que desafía las tendencias nacionales de reducción de la carga impositiva, el gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, impulsa reformas al Código Tributario Provincial que, lejos de aliviar al contribuyente, parecen ensañarse con él. Mientras el presidente Javier Milei avanza con una “motosierra profunda” para achicar el Estado y reducir impuestos, en Tucumán se opta por aumentar la presión fiscal, evidenciando una desconexión con las políticas nacionales.
Principales puntos polémicos de la reforma:
• Verificación de saldos prescriptos: La reforma otorga a la Dirección General de Rentas (DGR) la facultad de revisar saldos favorables de impuestos en períodos fiscales ya prescritos. Esta medida es vista como una amenaza a la seguridad jurídica, permitiendo al fisco reabrir casos cerrados y generando incertidumbre entre los contribuyentes.
• Ingreso bruto mínimo presunto: Se establece un ingreso mínimo de $50.000 por actividad económica, obligando a pequeños comerciantes y emprendedores a tributar incluso si no alcanzan ese monto en sus ingresos reales. Esta disposición podría asfixiar a quienes luchan por mantener sus negocios a flote.
• Figura del “responsable sustituto”: La reforma introduce la posibilidad de que la DGR designe a terceros para asumir obligaciones fiscales de contribuyentes originales. Esta medida es criticada por su potencial arbitrariedad y por trasladar responsabilidades fiscales a personas o entidades ajenas a la deuda original.
• Aumento en costos de apelación: Se propone incrementar el costo de los recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal Provincial, lo que podría limitar el derecho de defensa de los contribuyentes y desincentivar la impugnación de decisiones fiscales cuestionables.
Estas medidas contrastan con la política nacional de reducción de impuestos y achicamiento del Estado promovida por el presidente Milei. Mientras la Nación busca eliminar impuestos distorsivos y fomentar la inversión, Tucumán parece ir en sentido contrario, aumentando la carga sobre sus ciudadanos.
El legislador Claudio Viña ha criticado duramente la política tributaria de la provincia, instando al gobernador Jaldo a revisar el sistema fiscal y alinearse con las reformas nacionales. Viña destaca que, mientras otras provincias buscan atraer inversiones reduciendo impuestos, Tucumán persiste en políticas que ahuyentan al sector productivo.
Por su parte, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán ha expresado su preocupación por las reformas propuestas, señalando que delegan excesivas facultades en la DGR y carecen de un régimen simplificado claro para pequeños contribuyentes. La institución advierte sobre el riesgo de afectar principios constitucionales y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La Federación Económica de Tucumán (FET) también se ha pronunciado, enfatizando la necesidad de un entorno fiscal estable que motive inversiones privadas en la provincia. La FET destaca que las reformas impositivas deben centrarse en la seguridad jurídica y en la promoción de la actividad económica, en lugar de imponer cargas adicionales que podrían desalentar la inversión y el crecimiento.
En este contexto, las reformas al Código Tributario de Tucumán parecen contradecir las políticas nacionales de reducción de la presión fiscal. Mientras el presidente Milei busca achicar el Estado y aliviar al contribuyente, el gobierno de Jaldo opta por medidas que incrementan la carga impositiva, generando incertidumbre y posibles efectos negativos en la economía provincial.
Es imperativo que las autoridades provinciales reconsideren estas reformas y busquen alinearse con las políticas nacionales que promueven la inversión y el crecimiento económico, evitando medidas que puedan ahogar aún más a los contribuyentes tucumanos
