Dicen que la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa. En Jujuy, el exgobernador Gerardo Morales mandó preso a un twittero por hacerle memes. En Tucumán, Osvaldo Jaldo, que no quiso ser menos, encarceló a un tiktoker. La tecnología avanza, pero la democracia retrocede.
En las provincias feudales, la libertad de expresión es como el WiFi en la plaza: te la prometen, pero no existe. Si un ciudadano osa burlarse del rey—perdón, del gobernador—la justicia actúa con una rapidez que haría llorar de envidia a cualquier víctima de robo que espera respuesta desde hace años.
¿Un juicio rápido para los funcionarios corruptos? No. ¿Para los narcos con custodia estatal? Tampoco. Pero si un adolescente edita un videíto con la cara del gobernador y una música graciosa, ahí sí: la maquinaria judicial se pone en marcha, los fiscales se indignan, la policía allana y el muchacho termina en una celda.
Mientras en otras provincias se discuten reformas judiciales, en Tucumán seguimos perfeccionando el modelo de justicia medieval, donde el que molesta al poder va preso. La independencia judicial es un chiste, pero cuidado con reírse muy fuerte: nunca se sabe si el próximo preso por “ofender al gobernador” serás vos.
