Según un informe de la consultora PxQ. Este descenso se enmarca en una política nacional de ajuste fiscal implementada por el gobierno de Javier Milei, que priorizó la reducción del gasto público para lograr superávit financiero.
La drástica disminución en la inversión afectó directamente a Tucumán, donde numerosos proyectos de infraestructura quedaron paralizados o fueron cancelados. Obras viales, educativas y sanitarias, esenciales para el desarrollo provincial, se vieron suspendidas, generando preocupación entre los habitantes y autoridades locales.
Empresas constructoras y trabajadores del sector también sufrieron las consecuencias. Se estima que alrededor de 4.000 firmas vinculadas a la construcción cerraron sus puertas en 2024, dejando a miles de trabajadores sin empleo. La Cámara Tucumana de la Construcción expresó su inquietud por la falta de previsibilidad y solicitó al gobierno nacional reconsiderar las partidas destinadas a infraestructura.
A pesar de las críticas, desde la Casa Rosada confirmaron que la inversión en obra pública permanecerá congelada durante 2025. El gobierno argumenta que el superávit obtenido se destinará a la reducción de impuestos, buscando incentivar la actividad privada como motor de la economía.
Este escenario contrasta con períodos anteriores, como entre 2003 y 2015, cuando se ejecutó uno de los mayores planes de obras públicas en la historia argentina, con una inversión superior a los U$S 107.000 millones.
En Tucumán, la reducción de la inversión pública ha generado debates sobre el rol del Estado en el desarrollo regional. Mientras algunos sectores abogan por una mayor participación estatal para garantizar infraestructura básica, otros apoyan la visión del gobierno nacional, confiando en que la iniciativa privada suplirá las necesidades actuales.
La provincia enfrenta el desafío de adaptarse a este nuevo contexto económico, buscando alternativas que permitan retomar proyectos esenciales para su crecimiento y bienestar social.
