La empresa distribuidora de energía eléctrica de Tucumán, EDET, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En esta oportunidad, los protagonistas de la disputa son el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersept), Ricardo Azcárate, y el diputado nacional Carlos Cisneros. La pelea se centra en los recientes aumentos tarifarios, la gestión de los subsidios y la supuesta protección estatal hacia la empresa.
Carlos Cisneros, quien en los últimos días presentó un amparo judicial para frenar los aumentos en las facturas de luz, acusó al Ersept de priorizar los intereses de EDET por encima de los derechos de los tucumanos. “El ente regulador debería defender a los usuarios, no ser un vocero de la empresa. Los tarifazos son el reflejo de un sistema que se gestiona para los poderosos, mientras las familias sufren para pagar sus facturas”, declaró el legislador.
Por su parte, Azcárate no tardó en responder. En declaraciones a la prensa, aseguró que el Ersept está trabajando para garantizar la continuidad del servicio eléctrico en la provincia. “EDET es una empresa privada, pero cumple un rol clave en el suministro de energía. Sin una estructura económica sólida, corremos el riesgo de colapsar el sistema”, señaló. Además, calificó de “demagógicas” las declaraciones de Cisneros, acusándolo de buscar rédito político.
El cruce sube de tono en un contexto donde los tucumanos enfrentan facturas que, en algunos casos, han triplicado su valor. Si bien Azcárate aseguró que el ente está revisando “caso por caso” para garantizar que quienes necesitan el subsidio lo mantengan, los usuarios perciben una gestión deficiente. “El Ersept actúa como abogado de EDET, no como regulador. Los tucumanos estamos indefensos ante una empresa que lucra con nuestras necesidades básicas”, denunció un vecino del barrio Sur.
En tanto, Cisneros insistió en que el problema no es solo técnico sino también político. “El sistema tarifario está diseñado para garantizar las ganancias de EDET, no para cuidar a los usuarios. Esto tiene que cambiar, y la Justicia debe intervenir si el Gobierno no lo hace”, advirtió el diputado.
La polémica parece estar lejos de resolverse. Mientras tanto, los tucumanos siguen pagando las consecuencias de una disputa donde los intereses políticos y empresariales parecen prevalecer sobre los derechos ciudadanos.
