La Legislatura de Tucumán vuelve a estar en el centro de las críticas debido a sus gastos exorbitantes. Con un presupuesto mensual que supera los $1.200 millones, el órgano legislativo de la provincia ostenta cifras desproporcionadas en comparación con otras jurisdicciones del país, como Córdoba o Santa Fe, que tienen poblaciones mayores pero costos significativamente menores.
Entre los datos que más indignan a la ciudadanía se encuentran los salarios de los legisladores, que rondan los $2,5 millones mensuales, y la falta de información sobre la cantidad de empleados. Según un informe de la ONG Fundación Transparencia, “Tucumán tiene la Legislatura más cara del país en términos per cápita, con una estructura inflada y poco justificada”.
En las calles, el descontento es palpable. “Es indignante ver cómo despilfarran mientras nosotros luchamos por llegar a fin de mes”, expresó Laura Medina, comerciante de San Miguel de Tucumán. Además, organizaciones sociales y gremiales convocaron a una movilización en la Plaza Independencia para exigir mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.
El legislador oficialista Marcelo Sánchez, consultado por la polémica, defendió los gastos argumentando que “son necesarios para garantizar el funcionamiento de la democracia”. Sin embargo, sus declaraciones generaron más rechazo entre la población. “Hablan de democracia, pero no rinden cuentas de nada”, criticó Fernando Gómez, integrante de un colectivo ciudadano que promueve auditorías independientes.
Mientras tanto, expertos en política señalan que la opacidad en las cuentas públicas no solo profundiza la desconfianza, sino que evidencia la falta de controles efectivos en el manejo del dinero del Estado.
