La incertidumbre sigue marcando la crisis del transporte público en Tucumán. Aunque los empresarios exigen que el boleto de colectivo supere los $500 para garantizar la operatividad del sistema, los usuarios enfrentan un servicio deteriorado que pone en jaque su movilidad diaria. La falta de definición sobre el nuevo cuadro tarifario intensifica la tensión entre empresarios, autoridades y ciudadanos.
La última reunión entre los transportistas y el Poder Ejecutivo, realizada la semana pasada, finalizó sin acuerdos concretos. Según Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), “el precio actual de $320 no cubre ni el 60% de los costos operativos”. Sin embargo, para Carolina Rodríguez, usuaria y trabajadora del sector privado, “un aumento sería insostenible para quienes ya gastamos la mitad del sueldo en transporte”.
Mientras tanto, el gobierno provincial asegura estar gestionando subsidios nacionales. “Estamos trabajando con Nación para sostener el sistema sin que el usuario pague todo el costo”, explicó el ministro de Transporte, Fabián Soria. No obstante, organizaciones sociales como Barrios de Pie advierten que el impacto de un incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables.
En las calles, el malestar es evidente. Paradas colapsadas, largas esperas y unidades en mal estado son parte del paisaje cotidiano. “Pagamos caro por un servicio pésimo”, se queja José Herrera, un jubilado que depende del transporte público para movilizarse.
La definición del aumento, que podría darse esta semana, será clave para evitar un colapso total del sistema.
