Si Tucumán fuera un país, el Financial Times lo calificaría como el rey mundial del gasto político. Pero no nos engañemos, ese título no llega acompañado de eficiencia, transparencia ni mejoras para el ciudadano común. Por el contrario, este pequeño gigante del despilfarro tiene el honor de albergar la legislatura más cara del país y un concejo deliberante en San Miguel de Tucumán que bien podría aspirar al Guinness por su desproporción entre costo y utilidad.
¿Qué pagamos realmente con nuestros impuestos?
Mientras el tucumano promedio ve cómo sus ingresos se evaporan entre impuestos provinciales y tasas municipales, los políticos locales disfrutan de sueldos generosos, oficinas climatizadas y un personal cuya cantidad permanece en el misterio. ¡Ni la NASA tiene tanta gente trabajando en proyectos de “exploración”! Por supuesto, la transparencia en los números no es precisamente el fuerte de nuestra clase dirigente. Si preguntamos cuántos empleados tiene la Legislatura o el Concejo, probablemente obtengamos un silencio más elocuente que un discurso de campaña.
Un Estado al servicio de sí mismo
En Tucumán, la presión fiscal no es una carga, es un castigo. El ciudadano paga impuestos para sostener un sistema donde los recursos se destinan a engordar una burocracia inútil y a financiar privilegios políticos. Mientras tanto, los servicios básicos, como la salud, la educación y la seguridad, languidecen en un abandono vergonzoso.
La ecuación es simple: cuanto más gastan en política, más suben los impuestos. Las recientes subas en tasas municipales y provinciales no son más que el reflejo de un Estado que prioriza a sus dirigentes sobre sus ciudadanos.
¿Y el ciudadano común?
El tucumano de a pie, ese que se levanta temprano para ir a trabajar o estudiar, se encuentra asfixiado por una maraña tributaria que no se traduce en mejoras reales. Mientras paga religiosamente cada impuesto, mira cómo las calles se deterioran, los hospitales colapsan y la seguridad sigue siendo un lujo reservado para los barrios cerrados.
Un futuro que necesitamos cambiar
Es hora de poner en tela de juicio este modelo parasitario de gestión pública. ¿Hasta cuándo soportaremos financiar una clase política que no genera más que déficit social? Tal vez sea hora de que los tucumanos exijamos cuentas claras, un gasto público razonable y, sobre todo, un gobierno que sirva al pueblo y no a sus propios intereses.
Tucumán no puede seguir siendo la capital del despilfarro político. El cambio es posible, pero requiere ciudadanos informados, exigentes y organizados. Porque si seguimos pagando la fiesta, al menos que nos inviten al brindis.
