Berarducci afirmó que el Gobierno desembolsó $200 millones a la empresa por la obra del Registro Civil

En medio de la controversia por la construcción del nuevo edificio del Registro Civil en la capital, el legislador Walter Berarducci, del partido alfarista, afirmó hoy que el Gobierno ya ha desembolsado casi “200 millones de pesos a la empresa contratista y esta aún no ha comenzado la construcción”.

Según Berarducci, los pagos anticipados incluyen ajustes por inflación, generados irónicamente por el propio oficialismo kirchnerista en todo el país. Él es candidato a legislador por la coalición Juntos por el Cambio (JxC).

En la Casa de Gobierno argumentaron que la Municipalidad capitalina ha presentado requisitos poco habituales para una obra pública y se ha negado a otorgar las autorizaciones necesarias para avanzar. Sugirieron que podría ser una especie de “revancha” por el caso judicializado del Mercado del Norte.

Por otro lado, desde la Intendencia advirtieron que no se han mostrado todos los permisos requeridos e incluso afirmaron desconocer el proyecto ejecutivo. Alegaron que se están violando las normas del Código de Planeamiento Urbano y que la ampliación del edificio va en contra de la descentralización del Estado.

Hoy, el legislador emitió un comunicado añadiendo una nueva acusación a la gestión de Juan Manzur. Según se informó, la obra en la calle 24 de Septiembre al 800 no ha avanzado en los últimos dos meses.

“El gobernador Manzur muestra una prepotencia institucional sin límites. Intentó violar la Constitución para manipular el proceso electoral y ahora parece querer violarla nuevamente al no reconocer la competencia exclusiva y excluyente de los gobiernos municipales en el ordenamiento del catastro parcelario urbano. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta vergonzosa usurpación?”, declaró Berarducci.

El legislador resaltó que “las condiciones que deben cumplir las obras en el área municipal no son aprobadas por el gobernador ni por sus ministros en sus propias casas, según sus gustos y conveniencias”.

“Aparte de incumplir la Constitución, ignorar la normativa municipal y despreciar la ley, lo cual afecta gravemente la calidad y la vida institucional de la provincia, también tiene un impacto directo en su economía y sus recursos, sobre todo cuando las autoridades provinciales adelantaron hace más de tres meses casi 200 millones de pesos a la empresa contratista y esta aún no ha comenzado la construcción”, expresó Berarducci, quien además calificó el proyecto como un “elefante blanco”.