Economia
El Gobierno exigirá a empresas exportadoras a adherirse a Precios Justos para acceder a la nueva paridad cambiaria de $300
El nuevo mecanismo de “devaluación parcial” tendrá como contraparte una fuerte intensificación de los controles de precios. El Gobierno podría expandir la cantidad de precios regulados del 3% al 40% sobre la canasta de referencia para medir el IPC.
Habiéndose agotado el sistema cambiario, el Gobierno se vio obligado a lanzar una nueva paridad temporal conocida como “dólar agro” a 300 pesos, con una duración de 1 mes para la exportación de soja y 3 meses para las economías regionales. Se pretende postergar el colapso del sistema cambiario, postergar la devaluación y favorecer la acumulación de reservas en el muy corto plazo para cumplir con las metas del FMI.
La AFIP relevó que existe un registro con hasta 5.000 empresas exportadoras que podrían acceder a la nueva paridad legal establecida por el equipo de Sergio Massa. Pero para hacerlo, el Gobierno las obligará a adherirse forzosamente al programa Precios Justos, que explícitamente establece una pauta de aumento mensual en torno al 3,2% hasta el 30 de junio.
Sin embargo algunos precios dentro del programa no cuentan ni siquiera con una pauta controlada de aumentos, sino que simplemente se determina un congelamiento indefinido hasta previo aviso. El Gobierno aún no define cuál será la situación a aplicar para las empresas que accedan al dólar agro.
Precios Justos es un programa diseñado expresamente para “reducir las expectativas de inflación” y converger hacia una reducción de la variación mensual del IPC en el corto plazo. Ninguno de estos objetivos se pudo cumplir: el informe REM del Banco Central informó que las expectativas inflacionarias se dispararon en marzo, y el aumento mensual del IPC no deja de aumentar desde diciembre del año pasado.
Actualmente el programa contempla hasta el 3,2% del total de los bienes referenciados en el cómputo del IPC para el Gran Buenos Aires, según explica el propio INDEC. Sin embargo, informes privados estiman que los productos de las economías regionales que virtualmente podrían acceder al dólar soja representan hasta el 40% de la canasta del IPC.
Dependiendo del grado de adhesión que pudiera concretar el equipo económico, las medidas prometen aumentar drásticamente el peso de los productos regulados en la medición del IPC a fin de disciplinar (por la fuerza) una caída en su variación mensual, caída que no podrá sostenerse en el tiempo por los siderales desequilibrios fiscales y monetarios.
La cantidad de productos regulados sobre el total de los revelados para calcular la inflación alcanzó un valor récord de hasta el 13% durante la fallida gestión de Roberto Feletti al frente de la Secretaría de Comercio, y más del 70% en algunas aperturas de bienes de consumo masivos. Los controles de precios no dieron ningún tipo de resultado para moderar la inflación, pero el Gobierno nuevamente volverá a apostar por la misma receta.
La tasa de inflación interanual escaló al 102,5% en febrero de 2023, mientras que las expectativas inflacionarias para cada mes no bajan del 6% según el sondeo del BCRA. El dato del IPC correspondiente a marzo será anunciado mañana por la tarde, y se estima que superará el 7% cómodamente.
