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Argentina y el FMI retoman las negociaciones

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Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) retomarán a ritmo acelerado las últimas negociaciones para cerrar el 2022; con la aprobación, se supone, de las metas pactadas para el año anterior. Saben tanto en Buenos Aires como en Washington que el país llegó (con esfuerzo máximo) a los porcentajes obligatorios de déficit fiscal emisión monetaria, y a la cantidad de millones de dólares necesarios para cumplir con el incremento de reservas disponibles en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

No le importará al organismo que conduce Kristalina Georgieva que el 2,5% de déficit, el 0,8% de emisión y los 4.800 millones de dólares; hayan sido logrados con cierta contabilidad creativa y programas especiales y únicos como el Plan Dólar Soja I y II.

Para el FMI, sólo con llegar a las metas el primer año del acuerdo de Facilidades Extendidas estará sellado, y comenzará el momento de pensar en el complicadísimo 2023. Habrá críticas duras, especialmente por la política cambiaria, la inflación, el nivel de gastos estructurales y la falta de reformas prometidas como el revalúo y la disminución de los subsidios.

Esto no evitará que el staff técnico del FMI recomiende al Board que el 2022 se apruebe, y que el primer año del acuerdo se dé por cumplido. Se supone que el directorio del Fondo se reunirá la primera quincena de febrero (puede ser antes) y que hará recomendaciones de la máxima autoridad del organismo para que se avance en este ejercicio. 

Será ése el momento para que Sergio Massa exponga abiertamente dentro del Fondo una queja concreta y directa a su conducción; considerada en el Ministerio de Economía como fundamental para cumplir con las metas y objetivos de este año. Especialmente en lo que tiene que ver con el nivel de reservas.

Reclamos en carpeta

Para el Palacio de Hacienda, el FMI tiene un gran debe con el país (y la mayoría de los países emergentes) al no haber acelerado los prometidos planes de ayuda a los estados que se vieron perjudicados por el alza de las materias primas y a energía derivados de la invasión de Rusia a Ucrania.

Para Massa y su equipo, el costo de este conflicto bélico es perfectamente mensurable, y sólo por los efectos en el alza de los combustibles (especialmente el gas) y el incremento de los precios en insumos para el campo (fertilizantes), el país perdió el año pasado unos US$5.200 millones.

Ese dinero debería ser reconocido por el FMI en el momento de pensar en el 2023. Para el organismo el dinero es sensiblemente menor, y se acerca más a los US$3.000 millones. Lo cierto es que nunca Washington negó esta realidad, y prometió al mundo que la ayuda llegaría.

Sin embargo, el tiempo pasa y no se ven avances importantes desde la sede del Fondo, una queja que no sólo es argentina, sino que se comparte con gran parte de los países en desarrollo. De hecho, hasta Ucrania tiene quejas por la lentitud del FMI en acelerar planes de apoyo financiero por los costos de la guerra en su propio territorio. 

La hipótesis de máxima del Ministerio de Economía es que el FMI reconozca el costo y el dinero, y establezca un plan de ayuda directa a través del giro de divisas vía DEGs; que podrían ser girados en todo o parte, este año y los subsiguientes. O, aún de manera más optimista, la posibilidad de recibir algún tipo de waiver (perdón) ante el nivel de reservas a acumular, según el acuerdo firmado el 25 de marzo del año pasado, y que para 2023 impone números en azul no menores a US$5.200 millones.

El último contacto entre los funcionarios argentinos y los técnicos del FMI donde se discutió el tema fue en noviembre pasado, cuando las partes (vía zoom) coincidieron en que la asistencia es una cuestión fundamental para el futuro del acuerdo, aunque no coincidieron sobre el monto final del costo; y decidieron que será uno de los primeros temas a poner sobre la mesa de discusión, una vez que las metas del año pasado se hayan verificado como cumplidas, y cuando la vigencia de los objetivos del 2023 sea el capítulo central.

La mirada de Economía

El ministro de Economía ya le había entregado a Kristalina Georgieva un “paper” elaborado por el secretario de Programa Económica, Gabriel Rubinstein, y el encargado de la relación con los organismos financieros internacionales, Marco Lavagna, en el que se recordaba que “el valor de las importaciones de combustible aumentó a US$5.756 millones, cuando el valor proyectado antes de la guerra era de 1.999 millones” de esa divisa.

“Esto significó un aumento neto de US$3.757 millones”, mientras que “las exportaciones netas del complejo agroexportador estuvieron US$ 617 millones por encima de las proyectadas antes de la guerra”.

Sin embargo, “el costo de envío de las exportaciones sufrió un aumento de US$1.800 millones, con respecto a los pronósticos anteriores a la guerra”.

Argentina sostenía que durante los meses de invierno “la balanza energética fue significativamente negativa, lo que dio como resultado una balanza comercial negativa a raíz de las importaciones de energía” y provocó “un aumento exponencial del déficit del sector energético en la balanza comercial respecto a los meses de invierno de 2021”.

El trabajo ubicaba el costo en unos US$4.246 millones. Si bien no lo hablaron públicamente, Georgieva y Gita Gopinath, la número dos del FMI, calculan el monto en un nivel sensiblemente menor. Por debajo de los US$3.000 millones. La diferencia de algo más de US$1.000 millones, confían en el lado argentino, no es tan grande como para que no haya acuerdo.

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