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El plan del kirchnerismo para acorralar a la Corte Suprema en Diputados

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El kirchnerismo modificó su estrategia en Diputados para aumentar la presión sobre la Corte Suprema en el pedido de juicio político. El bloque del Frente de Todos le pidió a Alberto Fernández que retire su firma del proyecto. Cuáles son los motivos.

Mientras espera la convocatoria a sesiones extraordinarias de Alberto Fernández, el kirchnerismo afina su estrategia de cara al trámite de juicio político contra la cúpula de la Corte Suprema, al tiempo que Juntos por el Cambio amenaza con paralizar la Cámara de Diputados en la medida en que el oficialismo persista con su «atropello» al máximo tribunal de Justicia.

Finalmente el proyecto no llevará la firma de representantes del Poder Ejecutivo sino las de un grupo de diputados del kirchnerismo, y además la idea del oficialismo es incorporar al temario de extraordinarias otras iniciativas previas de solicitud de juicio político realizadas por diputados de distinto signo contra magistrados de la Corte Suprema

Así lo reveló Rodolfo Tailhade, miembro de la comisión de Juicio Político, que tendrá en sus manos primero la apertura del sumario y luego la sustanciación con pruebas del expediente de acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. «Lo van a presentar diputados del bloque que no forman parte de la comisión», detalló, y agregó que será el mismo texto del proyecto de Alberto Fernández «pero firmado por diputados» del Frente de Todos.

Tailhade, quien es una de las principales espadas judiciales del kirchnerismo, explicó los motivos detrás de esa decisión: «Un proyecto de pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo tiene un plazo para ser llevado al recinto de un año, mientras que en el caso de uno presentado por diputados tiene como plazo tres años».

Según señaló, ese plazo le da «mucho mayor margen» al oficialismo para avanzar contra la actual composición de la Corte.
La acusación del Gobierno se basa en dos grandes denuncias, que tienen como base común la supuesta intromisión de la Corte Suprema en asuntos que son competencia y facultad excluyente del Poder Legislativo. Por un lado, la denuncia por haber favorecido de forma irregular al Gobierno porteño en el conflicto por la coparticipación de la masa de recursos federales, según se desprende de la lectura de chats entre Silvio Robles, vocero de la presidencia de la Corte, y el ministro de Justicia y Seguridad en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro. Allí acusan a los cuatro ministros de la Corte. 

@mdzol

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