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Después de ocho años del acuartelamiento policial, saqueos y barricadas serán juzgados los responsables

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Fue en diciembre del 2013, cuando Cristina bailaba con Moria en un escenario y Alperovich guardaba los autos de sus concesionarias en la cancha de Atlético, los tucumanos se defendían como podían.

El horror que nos tocó vivir hace 8 años, cuando un acto de sedición impulsado por una parte del cuerpo policial, dejó a Tucumán a merced de bandas de saqueadores que asolaron la provincia.
Ante esta situación, los vecinos se armaron y construyeron barricadas en las esquinas. Fue de terror. La ciudad amaneció y las imágenes no tenían nada que envidiarle a las ciudades sitiadas del medio oriente o los Balcanes durante la guerra.

La autoridad desaparecía detrás del silencio de funcionarios escondidos, siguiendo el ejemplo del entonces gobernador José Alperovich, quien sólo se preocupó por poner a salvo sus propios bienes, poniendo sus autos a resguardo en la cancha de Atlético Tucumán. Las fuerzas federales aparecieron después de terminado el baile que dio , la entonces presidenta, Cristina Kirchner con Moria Kasan en Buenos Aires festejando el día de los derechos humanos olvidándose de los derechos humanos de los tucumano, cordobeses, correntinos y entrerrianos

Hoy, ocho años después, esos recuerdos vívidos en la memoria colectiva de la provincia, se pueden repasar en detalle, plasmados en las causas judiciales que, hace cuatro años, están en condiciones de ser elevadas a juicio, sentando en el banquillo a decenas de ex policías, quienes fueron señalados por los fiscales Adriana Giannoni (hoy jubilada) y Diego López Avila, como los ideólogos de la revuelta que, aseguran, incluyó un plan de incitación al pillaje que disparó el caos.

Las acusaciones llegaron hasta el entonces jefe de Policía Jorge Racedo, apuntado por no haber usado las herramientas a su alcance para movilizar a la fuerza. Por debajo de él, Diego Herrera, Pablo Pérez, Federico Castro, Eugenio Mamaní, Ángel Chaile, Walter García, Miguel Toledo, Flavia Bedmar, Sergio Hogas, Néstor Salinas, Diego Urquiza y Luis Herrera, aparecen señalados como cabecillas de una revuelta a la que se sumaron otros 34 uniformados y un civil, todos imputados.

Recursos dilatorios de los defensores, el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, la llegada de la pandemia y la implementación del nuevo Código Procesal Penal, fueron postergando el comienzo de un juicio que, cuando se haga, calculan que a mediados de 2022, marcará un hito en la historia judicial de Tucumán por varias razones.

El Tribunal que tendrá a su cargo la responsabilidad de juzgar a los sediciosos, ya está analizando los detalles que deberán atender para reunir en un mismo recinto a más de 50 acusados, sus defensores, los testigos y el público que seguramente atraerá el proceso que, se estima, podría extenderse a lo largo de un año, y eso si los jueces Gustavo Rogmanoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica se dedican sólo a ese asunto.

Se calcula en Tribunales que sólo un teatro, o tal vez un estadio cerrado, podrían convertirse en la sala que se necesitará para desarrollar el juicio, que enfrentará a más de medio centenar de ex policías con la posibilidad de purgar penas de hasta 10 años de prisión, por haberse cambiado de bando, sembrando la muerte y el terror en las calles de Tucumán, a lo largo de tres días que nunca serán olvidados.

Con información de Contexto

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