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Sisto y Jaldo dispondrán de 50 mil millones de pesos para obras públicas

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Días atrás se reunieron en Casa de Gobierno de Tucumán el gobernador, Osvaldo Jaldo, la interventora del IPVyDU, Stella Maris Córdoba; Mario Nahas presidente Cámara Argentina de la Construcción Delegación Tucumán; y Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción.

El motivo del encuentro fue por la llegada de millonarios fondos nacionales para obra pública en la provincia.

Este lunes se conoció que la satisfacción de Garber se transformó en fuertes críticas contra el Gobierno provincial por haber marginado a las empresas tucumanas del plan. Al parecer, será Sisto Terán, actual secretario Unidad Belgrano Norte Grande de la Nación, quien manejaría los proyectos.

Raúl Natella, compañero de Terán será el encargado de “supervisar” que se cumplan las disposiciones de la Casa Rosada.

Además, se conoció que el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura de Tucumán el proyecto para modificar la Ley de Ministerios con la intención de otorgar el rango de Ministerio a la Secretaria de Obras Publicas y así poder manejar los más de 50 mil millones de pesos que en los próximos meses llegaran a la provincia desde Nación.

Los recursos aparecen direccionados a diversos convenios que el gobierno ya firmó y algunos otros que forman parte de la carpeta de proyectos con el Estado Nacional.

Los fondos tendrán como destino obras públicas vinculadas con la construcción de viviendas, reparación o alistamiento de rutas y otras tantas iniciativas que abrirán distintos frentes de obras en el interior tucumano.

Cabe recordar que el ingeniero Natella, fue secretario de Obras Públicas de la gestión de Ramón Ortega, gestión de gobierno, entre 1992 y 1995. En esa época Tucumán hizo obras emblemáticas como la Nueva Terminal de Ómnibus y la avenida Presidente Perón, además de un ambicioso plan de obras en la sistematización de ríos para prevenir las inundaciones en el sur de la provincia.

Críticas de Jorge Garber

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción cuestionó que la Ley 9.287, que prioriza la contratación empresas tucumanas por sobre otras foráneas no se encuentre en pleno funcionamiento porque no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo (PE).

“Necesitamos que la Ley nos proteja de los no foráneos porque ellos son aves de paso”, expresó Garber.

La norma “compre Tucumán” fue impulsada por el oficialismo -por pedido del empresariado-, sancionada por la Legislatura a principios de agosto y promulgada por el PE a fines de ese mes.

Sin embargo, Garber afirmó que hay empresas foráneas para competir con las firmas tucumanas.

“Venimos de seis años de no trabajar nada. Y ahora que empieza a haber obras se inscriben estas empresas”, dijo.

En ese sentido, el titular de la Constructora Gama marcó que actualmente hay firmas de otras provincias que están ejecutando obras en Tucumán, las cuales se llevan los dividendos a sus distritos.

Sin embargo, Garber fue involucrado en denuncias por supuestos direccionamientos en las adjudicaciones de la obra pública en la provincia. En mayo del 2020 el ex Diputado José Vitar hizo una presentación en la Fiscalia Federal N°1 que encabeza Carlos Brito.

El documento detalla posibles anomalías cometidas con $ 900 millones que la Nación otorgó en 2020 a Tucumán para financiar obras en el servicio de agua potable y de cloacas en San Miguel de Tucumán.

Según Vitar, contratistas y responsables de la SAT se habrían puesto de acuerdo para adjudicar los proyectos a la empresa que exhibía un “precio promedio”.

La presentación indica que ese proceder estaría sostenido en excusas desprovistas de razonabilidad, y que habría ocasionado daños cuantiosos al erario y la disposición de un margen para el supuesto pago de retornos.

La denuncia generó la reacción de Garber quien intimó a Vitar a retractarse. Sin embargo, el dirigente político dijo que “la furia” que había generado “un simple pedido de investigación” en funcionarios y empresarios: “estos se comportan con la prepotencia y la soberbia de quienes están acostumbrados a la impunidad”. Y agregó que confirmaba aquella apreciación el hecho de que la SAT haya abierto nuevas convocatorias a presentar ofertas por fuera del sistema legal que garantiza la mayor transparencia, que es la licitación pública.

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