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Justicia

Archivan decenas de causas penales federales abiertas por el delito de evasión tributaria, previsional y contrabando

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Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando el Principio de Ley Más Benigna previsto en el Art 2 del Código Penal, manda al archivo decenas de causas penales federales abiertas por el delito de evasión tributaria, previsional y contrabando. Un fallo en contra de los intereses de AFIP y de paso, recomendaciones para la Cámara Federal de Casación y el Procurador General de la Nación.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de valorar que la ley 27.430 no era aplicable retroactivamente como ley penal más benigna, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, casó y anuló la decisión recurrida proveniente de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que ??a su turno- había confirmado ??en lo que aquí interesa- el sobreseimiento total de Matías Fernando Cristóbal Vidal y de Francisco Susmel en orden a las supuestas evasiones de pago del Impuesto a las Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2011 y del Impuesto al Valor Agregado por el mismo ejercicio (períodos fiscales mensuales 1, 2 y 3 del 2011) a cuyo ingreso se habría encontrado obligada la contribuyente RB INDUSTRIAL S.A.

Lo expuesto dio lugar a la promoción de una considerable cantidad de planteos por parte de quienes se sintieron alcanzados por lo que entendieron la mayor benignidad de la ley 27.430, con la consecuente habilitación de las correspondientes vías recursivas impulsadas por las distintas partes según si esa pretensión era ??o no- acogida, lo cual generó una situación sin precedentes en los tribunales federales de todo el país. Cientos de esas causas se encuentran actualmente radicadas en este máximo Tribunal, a instancias sea de la defensa de los imputados o de las partes acusadoras (Ministerio Público Fiscal y/o Administración Federal de Ingresos Públicos) y tanto por vía de recursos extraordinarios federales que fueron concedidos o por recurso de queja, respecto de los denegados.

En tales condiciones, corresponde que la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial de la Nación y habida cuenta del nítido carácter federal ??aunque no exclusivo- de las cuestiones planteadas en las aludidas causas, que habilita su intervención en los términos del art. 14 de la ley 48, decida de modo definitivo la cuestión. Ello implica, por cierto, el ejercicio de la más alta función institucional asignada al Tribunal, en lo exclusivamente referido a la naturaleza federal de la materia debatida -la interpretación de la ley 27.430 a la luz del principio de irretroactividad de la ley penal y de retroactividad de la ley penal más benigna- para superar la situación de colapso suscitada ante semejante proliferación de la actividad recursiva y el interés de los diversos operadores del sistema de administración de justicia en el criterio que guíe la decisión de estas causas.

Como corolario de las consideraciones hasta aquí expuestas, cabe descalificar lo resuelto por la Sala III en el sub lite, al igual que en todas las decisiones adoptadas en los restantes casos en los que replicó la misma solución y en cuyo marco el Tribunal resolverá por remisión a autos en tanto y en cuanto confluyan las mismas circunstancias.
Esas mismas razones conducen a desestimar la vía recursiva federal, impulsada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo que así se resolverá en cada uno de esos casos, según proceda y/o con las especificaciones que corresponda efectuar no solo respecto a la cuestión federal aquí decidida sino también en relación a las restantes ponderadas, en la medida en que sean aplicables en los casos particulares en que confluyan las mismas circunstancias.

Ante lo actuado, el Tribunal resuelve: I) Declarar procedentes los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas de Matías Fernando Cristóbal Vidal y Francisco Susmel; II) Revocar la resolución apelada en cuanto hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal; III) Reenviar la causa al tribunal de origen para que a la brevedad dicte nueva sentencia en el marco de las consideraciones de fondo plasmadas en los considerandos 14 a 21 y IV) Encomendar a la Cámara Federal de Casación Penal, al Ministerio Público Fiscal y a la Administración Federal de Ingresos Públicos que tomen debida nota de las consideraciones expuestas en este decisorio.

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