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POR RUBEN RODO

Es así como el presidente del Parlamento, Osvaldo Jaldo, hoy temporalmente al frente del PE, mantiene en una cripta el movimiento de los dineros públicos de esa rama del Estado, como también en número de empleados de cada legislador y los montos que se les paga. Hace poco tiempo, Jaldo podó de un solo tajo el personal de 14 legisladores que respondían al gobernador, como consecuencia del cisma entre los dos popes del PJ. Esos 14 legisladores tienen una plantilla de 1.337 empleados, es decir 95 «??asesores»?? cada uno. Es de preguntarse, entonces, cuánto demandan los 49 miembros de la Legislatura.

Que Jaldo mantenga esos gastos en el secretismo es una inmoralidad, que debe corregirse de inmediato. No es propio de una República. Ni el dinero del cual dispone no es del tambo de Trancas, de su propiedad. Son dineros del pueblo, de los contribuyentes, y es su deber rendir cuentas puntualmente de caga erogación. No hacerlo, es caer en un delito sancionado por el Código Penal.

El doctor Iriarte da cuenta que hace un año y dos meses presentó una acción de amparo ante la Suprema Corte de Justicia provincial, y de acuerdo con la Constitución Nacional debe ser un trámite expedito y rápido. No obstante, pasaron los días y los meses, y los supremos cortesanos siguen divagando sin saber qué hacer. Ese amparo duerme el sueño de los justos en algún cajón del alto tribunal.  

Tozudamente, Jaldo se niega a dar cumplimiento con uno de los deberes básicos de todo régimen republicano y democrático, como es rendir cuenta del dinero de las arcas públicas. No sólo está violando la Constitución Nacional, sino también la Convención de los Derechos Humanos, en su art. 13, con jerarquía constitucional, afirma el profesor de la UNT. A la mora de la Corte, Iriarte la califica como retardo de Justicia. Además, acusa a Jaldo que desde 2015 no convoca a un plenario legislativo para analizar las cuentas de inversión elevadas por el PE.

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