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Amparo a favor de los internos de la Justicia Federal en Villa Urquiza

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Tucumán. «Las condiciones de detención en nuestras cárceles no sólo incumplen la manda constitucional sino que son un serio peligro para la salud de los internos allí detenidos por falta de la debida atención médica», expresó el fiscal federal Dr. Gustavo Gómez, y añadió, «Desde la Fiscalía General se presentó un habeas corpus por agravamiento en las condiciones de detención y por fortuna para los presos (sea cual fuere su condición: procesados o condenados) el cual fue escuchado por los jueces federales de Tucumán».

«Las condiciones de sus alojamientos y ausencia de revisión médica, violan no sólo su dignidad y el derecho a no afectar su integridad física, sino que directamente contradicen las «??Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos»? dictada por Naciones Unidas», sostienen desde la Fiscalía Federal.

El 31 de agosto del corriente año se dispuso circunscribir la acción en forma exclusiva a los internos y/o condenados alojados en el Servicio Penitenciario de la provincia a disposición de la Justicia Federal; tener suplida la audiencia que prevé el Art. 9 de la ley 23.098, disponer auto de Habeas Corpus (Art. 13 de la norma antes citada), y solicitar informes al Sr. Director de la Unidad N°10 del Servicio Penitenciario de la provincia de Tucumán

a) Datos de los internos alojados en la mencionada unidad y a disposición de la Justicia Federal.

b) Nómina de personal médico que trabaja en dicha unidad, con indicación de labores, días y horarios en que cumplen sus funciones.

c) Si profesionales médicos ajenos a dicho Servicio Penitenciario concurren al establecimiento para la atención de internos.

d) Si los traslados de los internos a centros asistenciales se corresponden a las recomendaciones médicas profesional del
personal médico de establecimiento, entre otras disposiciones de rigor.

Si bien el Servicio Penitenciario, procura el efectivo cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Justicia Federal que ordena los respectivos traslados de internos a nosocomios públicos y/o privados, y que, sumado a que cuentan, entre los miembros de su personal, con servicio de profesionales médicos en sus propias dependencias y son quienes realizan tareas de control y seguimiento de las cuestiones vinculadas a la salud de los internos, entiendo que existe una circunstancia lesiva de los alojados en la Unidad Carcelaria antes descripta, debiendo toda persona privada de su libertad, sea cual fuese la naturaleza de su delito, conservar inalterados aquellos derechos que le corresponden como manifestación natural de su dignidad.

De este modo, y más allá de las propias demoras en las que se puede incurrir hasta la efectiva asignación de turnos en los
hospitales públicos y más aun viéndose agravada ésta situación por la actual situación epidemiológica, se entiende que corresponde hacer lugar a la acción de Habeas Corpus, sin perjuicio de reconocer las efectivas diligencias efectuadas por parte del Servicio Penitenciario de la provincia en cuanto a cuestiones de salud de los internos se refiere, siendo necesario ordenar al Sr. Director a cargo de la Unidad N°10 continúe con la tramitación de las diligencias necesarias para garantizar a los internos de su unidad, una efectiva atención de salud por profesionales médicos especializados, respetando, estrictamente, las prescripciones y/o tratamientos que sugieran los mismos.

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