Legislatura tucumana el eterno triángulo de las Bermudas

Una vez conocidos los datos arrojados por la Fundación Libertad con respecto al manejo de fondos que necesita la Legislatura tucumana para funcionar en el actual ejercicio asciende a la suma de $2659 millones, lo que ubica primera en el ranking como la más cara del país, volvieron a la memoria cuando en 1 de noviembre 2015 los tucumanos quedamos perplejos al amanecer con la noticia en un matutino bajo el título “El efectivo de la legislatura pasea en valijas por la ciudad” se agrega “En un auto de la legislatura cargan las valijas con plata” de fecha  02/11/2015; “Las valijas con efectivo dividen a los legisladores” de fecha 03/11/2015; “Un ciudadano pide  informes a la Cámara” de  fecha  03/11/2015;  y “Jaldo convoca a la oposición para rediscutir el reparto de fondos para gastos sociales” de fecha 04/11/2015; que fueran publicados en la edición digital e impresa.

En dichas notas, se aborda la supuesta modalidad de retiro del dinero asignado a la Honorable Legislatura de Tucumán en concepto de “ayudas sociales a personas” y la aparente ausencia de rendición de cuentas. Parte del “Presupuesto General” de la Provincia asignada a la Honorable Legislatura habría sido depositada en la cuenta N° 2009804318 del Banco del Tucumán, ubicado en calle San Martin al 700. La noticia periodística, daría cuenta de  que cuando las  autoridades de  la Secretaria de la Legislatura deben extraer dinero, enviarían a uno o dos empleados en una camioneta dominio LWT 252 con dos valijas en las cuales se colocaría el dinero extraído, el que luego es trasladado a la sede de la Legislatura, en calle Muñecas N” 951.

Las estimaciones periodísticas indican que en cada valija cabrían unos seis millones de pesos, en billetes de cien pesos. Conforme a la versión periodística, el Presupuesto General de  Tucumán para el año 2015 era de $31.400 millones correspondiéndole a la Legislatura la suma de $959 millones. De este ultimo monto, $156 millones comprendían la partida “ayuda social a personas”, $741 millones a personal de  la Legislatura y el resto del dinero a erogaciones de funcionamiento. En el mes de setiembre, más precisamente el día 09, se amplió el Presupuesto General con lo cual la partida para “ayuda sociales” se triplico, alcanzando el monto de $505.6 millones.

Bajo estas circunstancias, el fiscal Federal Gustavo Gómez  dispuso el inicio de la investigación preliminar de marras en los términos de la Ley 24.946 y de la Ley 27.063. Bajo la calificación de malversación de caudales públicos previstos en los artículos 260 y 261 del Codigo penal.

ARTICULO 260. – Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

ARTICULO 261. – Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido  con la misma pena  el funcionario  que  en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Con posterioridad la causa pasó a manos del juez federal Daniel Bejas, sin que hasta el presente se haya logrado avances en la misma.

Fuente: Fiscal Federal Antonio Gustavo Gómez – Ministerio Público de la Nación