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Una testigo perdió todo por declarar en el Juicio Lebbos y no se la incluyó en el programa de Protección de Testigos

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Por Mariana Romero

A más de cuatro meses de que se dispusiera la protección de una testigo del Juicio por Paulina Lebbos, la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, ?rika Brunotto, se comprometió a incluirla completamente en el Programa de Protección de Testigos.

La mujer declaró a principios de marzo en el juicio y, de inmediato, el Tribunal ordenó que fuera incluida en el programa, ya que su testimonio la perjudicó en su trabajo (involucró a su jefa) y lo que dijo podría derivar en una nueva pista investigativa.

Durante estos meses, el fiscal Carlos Sale reclamó en varias oportunidades que el Programa no se estaba implementando en el caso de esta mujer. Finalmente, la semana pasada, elevó un informe en el que daba cuenta que la testigo había perdido su trabajo, debió alquilar -por sus propios medios- una pieza para vivir, perdió los vínculos con su familia y no tenía recursos ni siquiera para comer.

El tribunal resolvió pedir informes en el plazo de 24 horas a Brunotto, a cargo del Programa. La respuesta por escrito no satisfizo a los jueces que, el martes, resolvieron citarla para que comparezca y dé las explicaciones del caso. Al día siguiente, la funcionaria informó por teléfono que primero consultaría a la Fiscalía de Estado sobre su comparecencia, lo que fue rechazado por los magistrados y se le ordenó que se presentara de inmediato en la audiencia, informó el secretario de la sala, Marcos López Frías.

Pasadas las 10 del miércoles, Brunotto se presentó ante los jueces. Los dos abogados que representan a la Provincia en el juicio (por lo general va uno) se encontraban en la sala, junto a personal de la Fiscalía de Estado. La funcionaria indicó que la testigo tenía una consigna policial. «Me extraña que el fiscal de cámara no lo sepa, porque cada vez que la señora acude a mi oficina o a la suya, va acompañada de personal femenino del Ministerio de Seguridad», agregó.

Sale le respondió que a la consigna no se la había ordenado ella, sino que fue asignada a través del Ministerio Público Fiscal directamente por la Policía.  «Acá el problema no es la custodia, señor presidente, el Ministerio Público no le pidió a la doctora custodia, sino le pidió únicamente que se haga la cobertura pertinente de la testigo, respecto de que estaba viviendo en una habitación («?). Está alejada de su familia, nos va a ver todos los días viernes, diciendo que no tiene con qué comer, que tiene una persona a la par que la cuida efectivamente, pero está alejada de su familia, que no ve a sus hijos, que no tiene trabajo», reclamó Sale.

El representante del Ministerio Público agregó que, una o dos veces por semana, la mujer va a verlo para preguntarle cuándo será incluida en el programa. «La señora concurre a la Secretaría y no es atendida por la doctora. En varias oportunidades. Todos los viernes tengo la misma queja en la Fiscalía. El subscripto se comunicó con la doctora Brunotto en el mes de mayo, requiriendo que regularice la situación de esta testigo, a lo que me decía la doctora que prontamente ya se regularizaba. Que ya estaba la partida presupuestaria, que ya iban a tomar cartas en el asunto. Y sin embargo, ya no solo los viernes va, sino que va los días miércoles, los viernes, cualquier día de la semana a la Fiscalía, a los efectos de que arbitremos algún medio o alguna solución. Porque la situación de ella, hoy, es insostenible», señaló.

Brunotto explicó que no era posible darle un plan social pero que sí se podía gestionar un subsidio y aseguró que los trámites estaban demorados por cuestiones administrativas. Consultada por el plazo, prometió que esta semana estaría resuelto. El Tribunal le dio plazo de 24 horas.

Los tres jueces le explicaron que la situación de vulnerabilidad de la testigo, además de cuestiones de humanidad, representaban un riesgo para el juicio.  «Doctora, se trata de una persona obviamente vulnerable, trabajaba de servicio doméstico. Ha quedado sin trabajo por la propia situación del contenido de su testimonio. Se la coloca en una situación de que alguien le ofrezca pagarle ese alojamiento, ese inmueble y comprometer la imparcialidad también de la testigo. Entonces, es una cosa urgente, no es una cosa que se pueda tomar todo el tiempo del mundo para cumplir lo que dice la ley, nada más», reclamó el vocal Carlos Caramuti.

Su par, Rafael Macoritto, profundizó sobre los motivos de preocupación del tribunal.  «No sólo no tiene trabajo, no sé cómo estará pagando el alquiler. Aparte, hasta los contactos familiares ya casi ni los tiene. Por la misma custodia, algo así había informado el señor fiscal. Nos preocupa la situación, realmente. Porque no estamos ante una persona que ha cometido un ilícito, por lo menos que surja acá. Está dentro de un programa que, lo consideramos, que tiene que estar protegida. Nuestro temor, nuestra preocupación es que, cuando nos informan de esta situación, está en estado de abandono», señaló Macorito. «No sé si era mejor no ponerla dentro del programa de protección y que haga su vida normal», lamentó.

El presidente, Dante Ibáñez, también manifestó su preocupación por la situación de la testigo. «A este Tribunal lo único que le interesa es que, cuando pidamos la protección para un testigo, se cumpla. Y rápido», remarcó.

 

Presupuesto

El abogado querellante Emilio Mrad, que representa a Alberto Lebbos, reclamó que la funcionaria informe si maneja presupuesto para la implementación del programa. «Que nos explique si mañana tenemos un testigo que tiene que ser protegido, si vamos a tener que esperar cuatro meses. Para ello, debería ser interrogada si la Secretaría de Derechos Humanos tiene el presupuesto asignado para dar cumplimiento con la ley de Protección de Testigos. Porque parecería que el Estado Provincial ha reglamentado la ley después de diez años y sigue sin presupuesto. Digamos que es una reglamentación para el cuadro, señor presidente», remarcó el letrado.

De inmediato, el abogado que representa al Gobierno de la Provincia, Carlos Parajón Ferulo, y su par, Cecilia Vaccaro, se opusieron a que se le formule esa pregunta e insistieron en la negativa. Pero el Tribunal les explicó que la funcionaria estaba allí para ser escuchada y no en calidad de testigo, por lo que podía responder si así lo deseaba.

Brunotto no dio detalles sobre las partidas presupuestarias del programa. «El Programa de Protección a Testigos en la Provincia se ha implementado efectivamente y en pleno ejercicio. Puede cualquier testigo acudir al programa y será incorporado inmediatamente», se limitó a decir.

Terminada la audiencia, la funcionaria fue consultada por la prensa sobre el tema. Respondió que el programa sí tenía presupuesto, pese a que, dos meses atrás, había afirmado que no lo tenía y que, quizás después de julio podría estar plenamente operativo. Agregó que no tenía las cifras en mente en ese momento y remarcó que el plan para proteger a los testigos, de ahora en más, funcionaría rápida y eficientemente.

 

Una promesa de más de una década

La Ley de Protección de testigos fue sancionada en diciembre de 2006. El texto le otorgaba 90 días al entonces gobernador de la Provincia, José Alperovich, para que la reglamentase. Nunca lo hizo. Diez años más tarde, ya durante la gestión de Juan Manzur, finalmente se reglamentó. Sin embargo, de acuerdo a declaraciones de la propia Brunotto a la prensa, formuladas hace cuatro meses, no podía ser implementada plenamente hasta -al menos- mediados de año por falta de presupuesto. Agregó, en aquella oportunidad, que de todas maneras cuando un testigo requería protección se arbitraban los medios y se diseñaba un plan particular.

No es este el primer caso de un testigo que no puede acceder al programa. En febrero de este año, cuando fueron asesinados dos policías en el parque 9 de Julio, la única testigo del hecho no pudo acceder a los beneficios contemplados en la ley y fue la Fundación María de los Ángeles quien la asistió alimentariamente y le consiguió un refugio. Pese a tener una consigna policial, la crueldad de la matanza que presenció la hizo temer por su vida y la mujer, que estaba en situación de prostitución, no pudo volver a las calles, por lo que entró en una crisis económica insalvable.

 

 

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