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Estas son las preguntas que Alperovich y Jiménez se negaron a responder en el juicio Lebbos

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Por Mariana Romero

El senador José Alperovich, que debe declarar en el juicio por la muerte y el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, se opuso a que le formulen algunas preguntas que estaban previstas en el formulario que se le envió. Igual postura adoptó el ministro Fiscal Edmundo Jiménez, pero el tribunal rechazó ambos pedidos.

Alperovich y Jiménez deben declarar en el proceso en calidad de testigos. Sin embargo, por ser funcionarios públicos, son considerados «privilegiados». El Código Procesal Penal de Tucumán establece que deberán recibir un «tratamiento especial» y los habilita a no comparecer de manera presencial y, si así lo desean, pueden presentar un escrito.

Por eso, se le envió a cada uno un cuestionario con las preguntas que deben responder en un plazo de 48 horas. Sin embargo, esta mañana, los dos presentaron escritos impugnando algunas de las preguntas del cuestionario.

Los hijos de Alperovich y la casa de El Cadillal

El ex gobernador, señalado por Alberto Lebbos como el autor intelectual del encubrimiento del crimen de su hija, consideró que ocho de las preguntas que le formularon eran «impertinentes».

«Tal como se me corrió vista se puede observar que algunas son claramente impertinentes y que nada de nada podrán servir para el hecho que se debate, dado que no guardan relación con el mismo», argumentó Alperovich en el escrito.

 

En el documento, el ex gobernador
aclara que está
patrocinado
por un abogado, aunque los
testigos se deben presentar
en nombre propio y sin abogado.

 

Las preguntas que Alperovich impugnó están referidas a la reunión que realizó en su casa el 19 de abril de 2006 con el entonces fiscal del caso, Alejandro Noguera, cuando ya el padre de la víctima acusaba al ex gobernador por el encubrimiento del crimen de Paulina. Tras ese encuentro, Noguera fue sorprendido por un fotógrafo de La Gaceta y el escándalo derivó en su apartamiento de la causa.

Alperovich también se negó a que le pregunten qué estaban haciendo sus hijos, Gabriel y Daniel, la noche del crimen y desde cuándo son mencionados en la causa.

 

El ex gobernador consideró que
las preguntas sobre sus hijos
y esposa podrían «agraviar
el buen
nombre y honor»? de su familia.
 

 

Otras preguntas impugnadas por el ex mandatario tienen que ver con la casa que su ex secretario privado, Alberto Kaleñuk, tenía en El Cadillal y que fue desmontada tras el crimen. En esa vivienda, señalaba una de las hipótesis, se produjo el crimen. Sin embargo, siete años después, cuando se produjo un allanamiento en el lugar, no se encontraron pruebas materiales.

«Un ataque personal»

El ministro fiscal también consideró que algunas de las preguntas eran impertinentes. Concretamente, impugnó ocho de las formuladas por el abogado Gustavo Morales, defensor del ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella.

Señaló, además, que parte del interrogatorio perseguía fines personales en su contra. «Está claramente dirigido a causar impacto mediático y escándalo institucional más que a salvaguardar sus propios intereses en juego», remarcó Jiménez en el escrito que lleva su firma. Y agregó que las preguntas «están formuladas con con el solo fin de causar un ataque directo de tinte personal e institucional».

Las preguntas que impugnó el jefe de fiscales están referidas a sus vínculos y probables reuniones con el titular de la Mutualidad Provincial, Víctor Daniel Deiana; además de sus posibles conversaciones sobre el crimen con Alperovich, el entonces ministro de Seguridad, Pablo Baillo, su sucesor en el cargo, Mario López Herrera y los imputados Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, jefe y subjefe de Policía en aquellos tiempos.

«Una situación muy grave»

El tribunal, por unanimidad, resolvió negar los recursos presentados por Alperovich y Jiménez. El presidente, Carlos Caramuti, remarcó que los testigos no tienen legitimidad para impugnar las preguntas que responderán y que sólo las partes del proceso (defensas, fiscalía y querella) pueden hacerlo.

 

Caramuti recordó que «brindar
testimonio es una carga pública
y los testigos están obligados
a hacerlo».

 

El vocal Dante Ibáñez pidió fundamentar su voto contra los pedidos de los funcionarios y cuestionó enérgicamente la actitud de ambos. «Realmente a este vocal, particularmente, le parece una situación muy grave», analizó. «Estos testigos contestaron expresamente que se adherían al artículo 230 y a sus privilegios de contestar por escrito. Ahora, por lo que acabo de ver hoy, ni siquiera quieren contestar por escrito. Entonces, para este juez es muy grave cuando cualquier persona, sea quien sea, cree que puede estar por encima de la ley. Es más, me parece una actitud obstruccionista, una actitud dilatoria, impropia de funcionarios de la alta jerarquía que desempeñan ambas personas y no quiero dejar de expresarlo públicamente. Aclaro, es el pensamiento de este vocal, no del tribunal», subrayó.

La sorprendente posición del fiscal

Ibáñez se refería a la resistencia de los dos testigos a comparecer de manera presencial en el juicio. Si bien los funcionarios están amparados por su «tratamiento especial», también pueden renunciar a ello y presentarse en audiencia. Ninguno de los dos optó por esta posibilidad y anticiparon que responderán por escrito.

Sin embargo, el Tribunal había resuelto que, para la ronda de preguntas aclaratorias (es un interrogatorio que se hace tras la declaración de los testigos sobre dudas que hayan quedado sobre sus dichos) sí debían comparecer. Alperovich y Jiménez apelaron este fallo y lo perdieron también en segunda instancia.

 

El ex gobernador continúa pleiteando y
ya llegó hasta la Corte Suprema para
conseguir que se lo exima de la
obligación de sentarse en el
banquillo de los testigos.

 

Emilio Mrad, abogado querellante, se opuso con firmeza no sólo a la impugnación de las preguntas sino a la negativa de los testigos a comparecer. «Quieren decidir qué preguntas son pertinentes para la investigación. Acá lo único pertinente es que vengan y se sienten a declarar. Fue el propio Estado que cometió actos de terrorismo de Estado a través de sus funcionarios, que no sólo encubrieron el crimen de Paulina Lebbos sino que están acusados también de falso testimonio. Deben comparecer en audiencia», remarcó con énfasis. Finalmente, consideró que Alperovich y Jiménez «no sólo quieren ser parte en este proceso (al evaluar la pertinencia de las preguntas) sino asumir el rol de jueces».

Sin embargo, y contrario a lo que se esperaba de la Fiscalía, Carlos Sale no se opuso a los planteos de los testigos y dejó «a criterio del Tribunal» la decisión. El representante del Ministerio Público Fiscal ya había apoyado con anterioridad la validez de los privilegios de los funcionarios, cuando su par, Alejandro Noguera, se negó a comparecer para las preguntas aclaratorias.

Ver: Juicio Lebbos: apareció documentación que contradice a tres policías

Ver: Inteligencia de la Policía le montó una «??discreta custodia»? a la amiga de Paulina Lebbos

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