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Lebbos demanda al Estado por el encubrimiento del crimen de su hija Paulina

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El Tribunal de la Sala III podrá resolver el pedido del padre de la joven asesinada, al final del debate, cuando dé a conocer la sentencia.

Más de 11 millones de dólares de resarcimiento es lo que demanda Alberto Lebbos, al Estado.

El Estado tucumano debería responder por tratarse de funcionarios del Poder Ejecutivo y miembros de la Policía de la Provincia.

El Tribunal de la Sala III, integrado por los magistrados Carlos Caramuti (presidente) y Dante Ibáñez y Rafael Macoritto (vocales), podrá resolver esta cuestión al momento de la sentencia.

La acción civil persigue el resarcimiento económico del daño causado por un hecho ilícito, mientras que la acción penal pretende el castigo. La primera es una acción accesoria de la segunda, donde se necesita la determinación previa de la responsabilidad de las personas imputadas. Estando pendiente la acción criminal, no puede condenarse primero en un juicio civil.

Aunque ambas acciones son independientes, son accesorias. En el caso Lebbos, la querella estableció como estrategia plantearla en el juicio penal. La demanda por daños y perjuicios es contra cinco imputados y el Gobierno provincial. Fue concretada por Alberto Lebbos en representación de su nieta, hija de Paulina. El monto del reclamo es de $11.173.680.

En el caso de Roberto Luis Gómez, debería responder económicamente por ser coautor responsable de la privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio. Es el único de los acusados que llegó al juicio imputado por ese delito.

Respecto a Luis Eduardo Di Lella, Hugo Sánchez, Luis Nicolás Barrera y Héctor Rubén Brito, como autores responsables de los delitos de encubrimiento real agravado, abuso de autoridad y falsificación ideológica de instrumento público.

Al momento de su desaparición y asesinato, Paulina tenía 22 años, era estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación y tenía a cargo una hija de seis años. Esos elementos serán valorados al momento de establecer el monto económico del resarcimiento solicitado. Pero también deberá tenerse en cuenta el daño emocional y psicológico causado por el hecho.

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