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La justificación del Gobierno del recorte de las pensiones por discapacidad

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Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, argumentó se hizo el recorte con el fin de profundizar el ajuste y reducir el déficit fiscal.

El gobierno de Mauricio Macri decidió avanzar sobre las pensiones que cobran las personas con alguna discapacidad y empezó a darlas de baja.

En medio del escándalo, Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley intentó justificar el nuevo ajuste practicado sobre algunos de los sectores más vulnerables y consideró que «una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión, Puede trabajar si lo deseara».

En su edición de este martes, Clarín reproduce la insólita justificación de Badino. El funcionario macrista no sólo simplifica la problemática, ignora las dificultades que encuentran las personas con síndrome de down para insertarse en el mundo laboral, obvia las condiciones desventajosas de contratación que suelen padecer y les carga a ellos, como si sólo se tratara de si lo desean o no, la posibilidad o no de trabajar.

Desde la cartera que conduce Stanley admitieron que ya se dieron de baja unas 70 mil pensiones por discapacidad sin seguir los caminos legales correspondientes. Es que, tal como explicó a ese medio el abogado especialista en jubilaciones y pensiones, Christian D´alessandro: «aquí no hubo previo aviso, la gente se enteró cuando fue a cobrar y vio que no le depositaron y tampoco chequearon antes la condición socio ambiental de las personas a las que le quitaron al pensión».

Entre las causales de suspensión de una pensión por discapacidad determinaron que no podrán acceder a ellas:

*Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes.

*Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.

*Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.

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